El ataque de Trump a tres pilares de la democracia de EE.UU.

Fuente de la imagen, Getty Images: Pie de foto, Muchas de las políticas de Trump han sido impugnadas en los tribunales. 

El segundo gobierno de Donald Trump ya ha conmocionado a la clase política a ambos lados del Atlántico. En el extranjero, la atención se ha centrado en el aparente desmantelamiento por parte de la administración del orden internacional de posguerra y el aparente giro de Trump, que se aleja de los aliados tradicionales de Estados Unidos para entablar una relación más cálida con Rusia y Vladimir Putin.

Pero dentro del propio país, las mayores preocupaciones están asociadas a las acciones del gobierno que, para muchos, muestran una destrucción deliberada de la democracia estadounidense.

En EE.UU., estos temores no son exclusivos de las élites políticas, sino que los comparten ciudadanos de todo el país. Pero lo que también está surgiendo es un ataque concertado a la capacidad de la gente para oponerse -o incluso quejarse- a algunas de las medidas que está introduciendo Trump 2.0.

Esto dará lugar inevitablemente a lo que se denomina con frecuencia un "efecto amedrentador", en el que se hace demasiado difícil -o demasiado peligroso- expresar disconformidad.

Muchas de las políticas de Trump -las deportaciones masivas, el enorme despido de funcionarios públicos por parte de Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), la decisión de revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados- han sido impugnadas en los tribunales.

El gobierno de Trump está ahora envuelto en una serie de desafíos legales. Es aquí donde ha surgido el desdén de Trump por un sistema legal que ha bloqueado temporalmente los deseos presidenciales.

Efecto amedrentador

Las decisiones judiciales que piden a la administración que dé marcha atrás o ponga en pausa algunas de estas políticas han sido recibidas por Trump y algunos de sus principales colaboradores (entre ellos Musk y el vicepresidente J.D.Vance), con vociferantes quejas por la injerencia judicial en el gobierno. Incluso, en algunos casos, llamamientos a la destitución de los jueces que fallan en contra del gobierno.

El gobierno no sólo ignoró el fallo del tribunal que suspendió la expulsión forzosa de venezolanos a El Salvador, algunos de los cuales se encontraban legalmente en EE.UU., sino que Trump atacó al juez en las redes sociales llamándole "lunático de la izquierda radical" corrupto y pidió su destitución.

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