En un acto emotivo, el presidente de Colombia Gustavo Petro y su
ministro de Defensa, Iván Velásquez, se disculparon con los familiares
de las 6.402 víctimas que fueron asesinadas por las Fuerzas Militares y
falsamente presentadas como combatientes, durante el conflicto armado en
el país.
Jacqueline Castillo, vocera de Asociación de las Madres
Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), habla con más tranquilidad
que antes. Pero esto no quiere decir que el dolor se haya ido, ni mucho
menos. Solo que su lucha, y la de más familiares, empezó a obtener
respuestas, y con las respuestas algunos culpables de las ejecuciones
extrajudiciales que vivió Colombia entre 2004 y 2010, jóvenes de bajos
recursos engañados con propuestas de trabajo y que fueron asesinados por
el Ejército y mostrados como guerrilleros dados de baja en combate.
A
esta práctica, que ocurrió en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez
(2002-2010), se le conoce como falsos positivos, la orden de los altos
mandos militares por obtener resultados, a toda costa, en el campo de
batalla. Por estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
tribunal que nació del Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta
guerrilla de las FARC (2016), ha realizado varias audiencias en las que
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