La Fiscalía General de Bielorrusia aprobó hoy el protocolo de castración química como parte de un plan de acción para proteger a los menores de edad contra la violencia sexual y la explotación.
"Se ha
desarrollado y aprobado un protocolo clínico con el algoritmo de
tratamiento de la pedofilia, que incluye el uso de la castración
química", declaró hoy Anzhelika Kurchak, alto cargo de la Fiscalía
General de Bielorrusia, en un vídeo difundido en Telegram.
Según
la representante de la Fiscalía, la entidad aprobó, en el marco del plan
de acción, "un mecanismo de rehabilitación de las víctimas de la
violencia sexual" y preparó enmiendas al código penal que prevén como
parte de la condena a los pederastas su tratamiento forzado.
Además, la Fiscalía anunció "medidas para desarrollar un servicio de ayuda sexológica asequible para la población".
"El
jefe de Estado (Alexandr Lukashenko) apoyó las iniciativas de la
Fiscalía General en los temas vinculados a incrementar la
responsabilidad de los padres", indicó la entidad.
Además, se
acordó "establecer la responsabilidad administrativa por la propaganda
de relaciones sexuales no tradicionales, cambio de sexo, pederastia y la
negativa a tener hijos (childfree)".
Está prevista también la
inclusión en los sistemas educativos de cursos obligatorios de educación
sexual para menores de edad y jóvenes y el incremento del control de
personas con antecedentes penales.Además, la Fiscalía anunció "medidas para desarrollar un servicio de ayuda sexológica asequible para la población".
"El
jefe de Estado (Alexandr Lukashenko) apoyó las iniciativas de la
Fiscalía General en los temas vinculados a incrementar la
responsabilidad de los padres", indicó la entidad.
Además, se
acordó "establecer la responsabilidad administrativa por la propaganda
de relaciones sexuales no tradicionales, cambio de sexo, pederastia y la
negativa a tener hijos (childfree)".
Está prevista también la
inclusión en los sistemas educativos de cursos obligatorios de educación
sexual para menores de edad y jóvenes y el incremento del control de
personas con antecedentes penales.
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