Penas de hasta cuatro años de cárcel para clientes de víctimas de explotación sexual y ayudas para el retorno a su país a quienes sufren cualquier tipo de trata de personas son algunas de las medidas previstas en un anteproyecto de ley aprobado este martes por el Gobierno español.
El anteproyecto de la ley integral contra
la trata de personas aprobado por el Ejecutivo de izquierda persigue
toda formas de explotación, ya sea esclavitud, servidumbre o trabajos
forzosos -delitos que introduce en la legislación española-, mendicidad,
servicios sexuales o reproductivos, extracción de órganos o matrimonios
forzados, entre otras.
En concreto, un cliente
de una persona obligada a prostituirse enfrentará penas de seis meses a
cuatro años de cárcel y se castigará también a quienes faciliten
locales donde se explote sexualmente a personas.
Un sistema estatal se encargará de proteger a la víctimas, a las
que ya no se requerirá el denunciar o a participar en la investigación
penal para acceder a esa protección, y será necesario enmendar la ley
española de extranjería para que aquellas en situación irregular puedan
solicitar una autorización temporal de residencia y trabajo, con derecho
a ayudas sociales y a una indemnización de sus explotadores.
Las víctimas también podrán optar por el retorno a su país, con ayudas para facilitar su regreso.
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