Hacer más fácil la contratación en países de origen y regularizar la
situación de quienes ya están en España son los objetivos de una reforma
normativa aprobada este martes por el Gobierno español.
Muchos
del cerca de medio millón de inmigrantes irregulares que algunas
organizaciones estiman que hay en España proceden de América Latina.
Pero
el mercado laboral en España necesita que estos trabajadores de fuera
de la Unión Europea (UE) lleguen al país y trabajen en él de forma
“regular, ordenada y segura”, en palabras del ministro español de
Migraciones, José Luis Escrivá.
La
ley española sobre Extranjería data de 2011, por lo que muchos
procedimientos son, según reconoció el ministro en una rueda de prensa
en Madrid, "lentos e inadecuados" para las necesidades actuales, con lo
que contribuyen a la irregularidad y la economía sumergida.
Actualmente se tarda de media nueve meses para una autorización de residencia y trabajo.
El Gobierno español optó por no reformar la ley, sino solo su
reglamento, aprobando una actualización mediante un decreto, sin
necesidad de un trámite parlamentario más largo.
Para facilitar
la incorporación al mercado de trabajo de inmigrantes que ya están en
España, la reforma actualiza las figuras de arraigo laboral, social y
familiar, con requisitos más sencillos.
Además de introducir
novedades como el "arraigo para la formación", que permitirá a
inmigrantes que lleven dos años en España que puedan formarse en
profesiones "particularmente deficitarias".
Quienes sean
incluidos en esta figura contarán con una autorización provisional de un
año, prorrogable a otro, para realizar una formación para el empleo y
después podrán solicitar autorización de residencia y trabajo por dos
años si presentan un contrato.
La mayor parte de los inmigrantes en situación irregular en España, siete de cada diez, proceden de América Latina, según un informe de la Fundación Por Causa, que calcula que entre 475.000 y 514.000 «sin papeles» residen en el país, con datos de 2020.
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