El gobierno de Ecuador publicó este viernes las pautas que marcarán el nuevo proceso extraordinario de regularización migratoria de venezolanos tras el primero realizado entre 2019 y 2021, al estimarse que existen alrededor de 300.000 en condición irregular.
Para ello declaró una amnistía para los migrantes y sus familias procedentes de Venezuela cuyo permiso de permanencia en Ecuador se haya vencido.
A través del Decreto 436, el Ejecutivo ecuatoriano estableció que los venezolanos que hayan ingresado al país de manera regular antes de este viernes 3 de junio de 2022 podrán optar a la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (Virte), con un plazo de dos años renovables por una única vez.
Durante ese tiempo, los beneficiarios de esta residencia temporal podrán cambiar a alguna de las visas ordinarias que se ofrecen en Ecuador, como las de trabajo o estudios.
Según el documento oficial, para acceder a la Virte será necesario haber ingresado al país de forma regular, inscribirse en el censo migratorio que estará a cargo del Ministerio del Interior y no contar con antecedentes penales ni policiales.
Los solicitantes podrán obtener el visado con un pasaporte venezolano que haya caducado como máximo hace cinco años o con una cédula de identidad vigente que hayan utilizado para ingresar a Ecuador antes del 26 de agosto de 2019, cuando se comenzaron a solicitar visados para los migrantes procedentes de Venezuela.
Deberán solicitar la Virte todos aquellos venezolanos que cuenten con la Visa de Residencia Temporal de Excepción por Razones Humanitarias (Verhu), expedida durante el anterior proceso de regularización, así como la residencia temporal Unasur.
El Ministerio del Interior cuenta con tres meses desde este viernes para publicar la normativa donde especificarán los detalles, como el coste de las tasas y el formulario que deberán pagar los solicitantes de la Virte.
De acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), son más de 500.000 los venezolanos que se encuentran en Ecuador, 62% en condición irregular.
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