Human Rights Watch: Régimen Cubano cercena libertad de expresión

 Un nuevo decreto anunciado por el gobierno cubano, así como otras normas que lo acompañan, restringen gravemente la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue esta nueva legislación, indicó en una nota de prensa.

 El 17 de agosto de 2021, el gobierno hizo público el Decreto-Ley 35 y otras normas de menor rango que regulan el uso de telecomunicaciones, incluyendo el internet y la radio, así como la respuesta gubernamental ante “incidentes de ciberseguridad”. El decreto, que dice tener el objetivo de “defender” la revolución cubana, requiere que los proveedores de telecomunicaciones interrumpan, suspendan o cancelen sus servicios cuando un usuario publique información falsa o que afecte la moralidad pública y el respeto al orden público.

“El internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al permitir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos no pueden quedarse en silencio mientras el gobierno cubano restringe el acceso a internet, una herramienta vital para que los cubanos ejerzan sus derechos humanos”.

Incluso antes de que se anunciaran estas nuevas regulaciones, el gobierno cubano ya había establecido restricciones abusivas a las comunicaciones y la libertad de expresión online.

Con arreglo al Decreto-Ley 35, los usuarios de telecomunicaciones tienen la obligación de impedir la difusión de “informes o noticias falsas”. Asimismo, tienen prohibido usar estos servicios de manera tal que afecten una serie de categorías amplias e imprecisas, como “la seguridad colectiva”, “el bienestar general”, “la moralidad pública” o “el respeto al orden público”.

Los proveedores de telecomunicaciones, incluyendo de internet, servicios telefónicos y aplicaciones online, tienen el deber de “interrumpir”, “suspender” o “terminar” sus servicios cuando los usuarios violen estos deberes. Estos proveedores pueden ser multados o perder su licencia si no cumplen con las obligaciones establecidas en el decreto.

 Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, las leyes solo pueden limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión cuando ello sea necesario y proporcional para lograr un objetivo legítimo, tal como la protección de la seguridad nacional o los derechos de otras personas. El Decreto-Ley 35 contiene muchas disposiciones vagas e imprecisas que son inconsistentes con el derecho internacional de los derechos humanos y podrían fácilmente ser utilizadas para violar derechos humanos, ya sea a gran escala o con ataques específicos contra críticos del gobierno, señaló Human Rights Watch.