Tras cumplirse un mes de las multitudinarias protestas en Colombia debido a las políticas que ha adoptado el gobierno de Iván Duque, organizaciones no gubernamentales como Temblores ONG contabilizan y documentan las víctimas de la violencia policial que suman alrededor de 3 mil, entre ellos más de 60 muertos, refiere Prensa Latina.
El 28 de abril se inició el paro contra la reforma tributaria anunciada el 15 de abril por el gobierno de Duque, la cual proponía impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, ampliar la base gravable del impuesto de renta, entre otros.
Desde entonces, varios hechos sobresalen en este mes de estallido social:
El 30 de abril, luego de tres días de multitudinarias movilizaciones, Duque ordenó el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, redactar un nuevo texto del proyecto de ley. Para esa fecha se contabilizaban cuatro muertos, más de 100 heridos por el accionar de la policía, y cientos de detenciones arbitrarias.
El 2 de mayo, ante las incesantes y cada vez mayores protestas, el mandatario instruyó el retiro de la reforma tributaria, Al día siguiente, el ministro Carrasquilla renunció a su cargo luego del anuncio del retiro del refutado proyecto de reforma fiscal.
Para el 6 de mayo, mientras seguían las protestas y la violencia policial, desconocidos armados y presuntamente apoyados por la policía atentaron contra la vida de manifestantes pacíficos en el Viaducto de la ciudad de Pereira donde resultó herido con ocho impactos de bala el estudiante Lucas Villa.
El 9 de mayo el Consejo Regional Indígena del Cauca que apoya el paro nacional denunció un ataque armado en el sur de Cali con saldo de ocho personas heridas de bala.
Esa noche, Duque dio instrucciones a los ministros del Interior y Defensa, Daniel Palacios y Diego Molano para militarizar Cali, la capital del Valle del Cauca y “garantizar hoy el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la Fuerza Pública”.
El 10 de mayo, después de 12 días de multitudinarias movilizaciones en Colombia y represión policial y paramilitar, con saldo de 47 muertes, según denuncias, el gobierno y el Comité Nacional de Paro sostuvieron la primera reunión sin llegar a acuerdos y al siguiente día murió el estudiante Lucas Villa, tras varios días de gravedad.
El 13 de mayo renunció la canciller de Colombia Claudia Blum, en medio de críticas a su gestión y a la política exterior del país, y el mismo día senadores de oposición denunciaron al expresidente de Colombia Álvaro Uribe por incitar a la violencia en el contexto del paro nacional.
Para el 17 de mayo el presidente Duque ordenó a la fuerza pública desplegar su “máxima capacidad operacional” para recuperar la movilidad en las vías bloqueadas.
El 19 de mayo un vilipendiado proyecto de reforma de Salud en Colombia, apoyado por el gobierno de Duque, quedó archivado tras la votación de los legisladores en el Congreso (bicameral).
El 20 de mayo figuras públicas, intelectuales, políticos, incluso los hinchas de equipos locales respaldaron el rechazo de la Confederación Sudamericana de Fútbol a una solicitud de Colombia para aplazar la Copa América 2021.
El 22 de mayo numerosas voces rechazaron un editorial de Revista Semana contra el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, a quien el gobierno y afines tratan de responsabilizar por el estallido social.
El 24 de mayo, en un debate de moción de censura, senadores, víctimas y testigos de la violencia en el contexto del paro responsabilizaron al ministro Molano por la brutalidad de la fuerza pública contra las manifestaciones.
El 25 de mayo el Comité Nacional de Paro acusó al gobierno de Iván Duque de dilatar las negociaciones.
Ese mismo día, autoridades de Migración impidieron la entrada a Colombia de Juan Grabois, miembro de una delegación argentina que llegó al país para verificar las denuncias contra las violaciones a los derechos humanos.
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